Durante el porfiriato, se institucionalizó en México un curioso fenómeno político: el de los gobiernos personalistas de los presidentes en nombre de la constitución, pero al margen de la misma. El jurista mexicano Emilio Rabasa le llamó "la Constitución y la dictadura".
El estado mexicano parecía definitivamente configurado en estos años como un típico estado de derecho liberal-burgués. Pero había una inmensa distancia entre el formalismo jurídico que aparecía en la letra de la constitución y la realidad política y socio-económica del pueblo mexicano. Esta realidad, desbordante en sus exigencias de justicia social, chocó con el formalismo liberal y rompió sus moldes en la revolución de 1910. Durante muchos años se dio en México una sangrienta lucha armada entre diversos grupos que ya no buscaban tanto la forma de gobierno como dar cauce legal a las aspiraciones de justicia y bienestar económico de los grandes grupos de obreros y campesinos. Al cabo de seis años de violentas pugnas, se reunió al fin un congreso constituyente en Querétaro que, bajo la égida de Venustiano Carranza, promulgó al fin una nueva Constitución el 5 de febrero de 1917. Esta ley fundamental reconocía, por vez primera en el mundo, los derechos de los trabajadores como clase social, en sus artículos 27 y 123.
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